La teleasistencia junta una demanda enorme con un acceso muy difícil. La estadística oficial de servicios sociales cuenta 1.179.932 usuarios en España y el observatorio del sector, que mide el mercado entero, eleva la cifra a 1.292.000. Es el servicio social para mayores con más usuarios, cubre solo al 11,59 % de los mayores de 65 años y casi siete de cada diez usuarios tienen más de 80. El mercado facturó 240 millones de euros y creció un 14,3 % en un año. Con ese cuadro, cualquiera diría que hay sitio de sobra. El problema es quién paga. Menos del 10 % de los usuarios contrata el servicio por su cuenta: el resto lo recibe de su comunidad autónoma o de su ayuntamiento, en varios territorios gratis desde los 80 años. Eso significa que el cliente de este negocio no es el mayor ni su familia, sino una administración que compra por concurso público, en contratos que se mueven entre los 40 y los 57 millones de euros y se trocean por zonas. En ese terreno, cinco operadores ya se reparten el 48,8 % del mercado y diez superan el 60,5 %. La segunda barrera es la estructura. Prestar teleasistencia exige autorización autonómica de servicios sociales, centro de atención en territorio español con una central de respaldo independiente, grupo electrógeno, protocolos escritos y personal suficiente para responder en menos de 45 segundos las 24 horas de los 365 días. Traducido a nóminas, hacen falta alrededor de doce personas para cubrir el año, y ese coste es el mismo con cincuenta abonados que con cinco mil. Por eso el punto de equilibrio de un operador privado se sitúa en torno a 1.400 abonados, una cifra que en el mercado privado español, de unas ciento treinta mil personas, no se reúne en una ciudad pequeña ni en un año. Queda la lectura positiva, que existe. Es un negocio de cuota, y la cuota de teleasistencia se cancela poco: el abonado no se da de baja porque encuentre algo mejor, sino cuando fallece o entra en una residencia. Una vez montado el centro, cada alta nueva casi no cuesta, así que el margen mejora rápido con el volumen. Y hay puertas más pequeñas que la del gran concurso autonómico: contratos de mancomunidades y diputaciones, servicios para personas no dependientes que quedan fuera del contrato principal, o entrar como comercializador de un operador ya montado, que reduce la inversión a la décima parte a cambio de quedarse con una comisión. Nuestra conclusión es esa: como negocio independiente para un emprendedor que arranca, la teleasistencia no sale, y no por falta de demanda sino porque el tamaño mínimo para encender la luz es demasiado grande. Como línea de negocio de una empresa de servicios sociales que ya tiene cartera, estructura y experiencia en licitación, es otra historia.
