Un salón de juego no se decide por el plan de negocio, se decide por la licencia. Hay comunidades que han suspendido la concesión de nuevas autorizaciones mientras redactan su decreto de planificación, y otras que prohíben abrir a menos de 850 metros de un centro educativo, una distancia que los tribunales han avalado. Con eso, el proyecto puede estar entero y no tener dónde ejecutarse. Los números tampoco invitan. El sector repartió 919 millones de euros de ingreso neto de premios entre 3.804 salones, unos 20.000 € al mes por local, y de ahí se va un 21 % en tasa autonómica de juego. Esa tasa es lo más duro del modelo: se cobra por máquina instalada, en cuotas fijas, así que se paga igual la semana que no entra nadie. Lo que queda después de personal, alquiler y mantenimiento ronda los 3.100 € al mes, y devolver una inversión de seis cifras lleva del orden de seis años. La tendencia va en contra. Entre 2019 y 2024 los salones perdieron el 22 % de sus máquinas mientras el juego online crecía a doble dígito. Quedan a favor un cliente muy fiel y un local que rara vez cierra: de los 378 censados, ninguno aparecía cerrado. Pero es un negocio en retirada, con el margen fijado por un impuesto que no se negocia, sujeto a cambios de decreto y con un coste social medido y publicado. Con estos números, Rolty no lo recomienda.