Licencia de VTC o taxi

Este modelo tiene una particularidad que lo gobierna todo: la inversión no compra maquinaria, obra ni un local, compra un permiso. Y esa es toda la ficha. Una licencia municipal de taxi en una gran ciudad se mueve entre 80.000 y 210.000 € según el día de libranza, una autorización VTC va de unos 15.000 € en una provincia sin lista de espera a 180.000 € en Madrid y a más de 200.000 € en Baleares, y el coche que hace el trabajo cuesta entre 25.000 y 35.000 €. Sobre esa base, lo que deja el negocio es previsible y modesto: de 1.200 a 2.400 € al mes antes de IRPF por jornadas de doce a catorce horas. Es un sueldo digno por muchas horas, no un rendimiento del capital. Y aquí aparece la primera confusión que conviene deshacer, porque los intermediarios que venden licencias publican rentabilidades del 15 al 30 % anual contando como retorno lo que en realidad es el trabajo del titular. Quien no quiera conducir y alquile la licencia se queda en el entorno del 8 % en gran ciudad. El segundo punto es el que decide la nota. El valor del activo no lo sostiene la demanda de viajes, que es sólida y creciente, sino la escasez, y la escasez la decide la administración. En 2023 el tribunal europeo declaró contraria al derecho de la Unión la limitación de una VTC por cada treinta taxis en el área de Barcelona; el Supremo ha ido matizando después que esa proporción no basta por sí sola para denegar autorizaciones; el Constitucional anuló la precontratación obligatoria balear por restringir en exceso la libertad de empresa; y una ley catalana en tramitación plantea extinguir las VTC urbanas sin traspaso ni herencia. Cuatro decisiones en direcciones distintas sobre el mismo activo en pocos años. El registro oficial confirma que el suelo se mueve: entre enero y agosto de 2026 el taxi ha perdido 3.922 autorizaciones y las VTC han ganado 2.492. La conclusión no es que sea un mal negocio, porque el servicio funciona y tiene clientes todos los días. La conclusión es que hay que comprar el papel sabiendo que su precio incorpora una decisión política, y no comprometer en él un patrimonio que no se pueda permitir perder valor por decreto.