Servicios legales low cost

Este modelo existe porque una reforma legal abarató un trámite. La Ley 16/2022 quitó fases del concurso de persona física y el precio de la Segunda Oportunidad cayó de 6.000-8.000 € a 3.000-5.000 €. La demanda es real y oficial: 14.414 particulares sin actividad empresarial se acogieron al concurso en el último trimestre de 2025, un 48 % más en el año. Sobre eso se ha construido la franquicia jurídica, que vende un local y una marca a alguien que no es abogado y se queda la mitad de cada expediente. La cuenta cuadra en régimen: tres firmas al mes dejan unos 3.100 €. El problema es llegar al régimen. Un expediente de 3.500 € en 18 cuotas entra a 194 € al mes, y de eso la oficina ve 97 €: hacen falta 22 clientes pagando a la vez para cubrir los gastos fijos, y con una firma al mes no se llega nunca, porque los primeros acaban de pagar antes. Son dos firmas al mes durante once meses con un cliente que ya ha dejado de pagar a otros. El mayor despacho de abogados de consumidores del país entró en concurso con 32 millones de deuda por ese desfase entre ganar y cobrar. Y la competencia: gratis por abajo, con el abogado de oficio, y a 19,90 € al mes por arriba, con las plataformas de cuota. Queda un nicho real y estrecho: el expediente con resultado, en una ciudad media, con colchón para año y medio.