El despacho de graduado social es, en términos de negocio, el mejor modelo de toda la rama jurídica del vertical, y la razón es una sola palabra: recurrencia. En el resto de esta categoría cada mes empieza de cero, con el arquitecto buscando su próximo proyecto y el perito su próximo informe. Aquí se cobra una cuota mensual por empresa y esa cuota vuelve a entrar en enero, en junio y en noviembre sin necesidad de volver a vender nada. De ahí sale la segunda ventaja, que es todavía más rara en este vertical: la cartera se puede vender. Las carteras de asesoría se compran y se traspasan entre despachos, valoradas sobre la facturación recurrente, mientras que en una consulta de psicología o en un gabinete de topografía cerrar significa que no queda absolutamente nada. A cambio hay dos peajes. El primero es de disciplina: se trabaja sobre plazos que no se mueven y sobre dinero de terceros, y un error propio no cuesta una tarde de trabajo, cuesta un recargo o una sanción a un cliente que confió. El segundo es el que más miramos de cara al futuro: la parte mecánica del oficio, confeccionar nóminas, es exactamente lo que mejor están absorbiendo el software y la automatización, y eso presiona a la baja la cuota básica. Nuestra lectura es que eso no mata el modelo, pero sí decide quién sobrevive: el despacho que vende proceso irá perdiendo precio, y el que vende criterio (el despido complicado, la inspección, el convenio que hay que interpretar, la defensa ante el juzgado de lo social) tiene un espacio que ninguna herramienta ocupa. Y ese espacio, además, solo lo pueden ocupar tres profesiones en España.
