La farmacia funciona con unas reglas propias, y conviene decir primero cuáles. En España la titularidad está reservada por ley a licenciados o graduados en Farmacia, no puede ponerse a nombre de una sociedad ni admitir socios sin el título, y una misma persona no puede tener más de una. Por eso aquí no hay cadenas. Para casi cualquier lector esto no es un negocio evaluable: es una profesión con un negocio dentro, y esa es la razón por la que la nota se hunde en facilidad de entrada. Quien sí tiene el título se encuentra con dos puertas y ninguna barata. La primera es el concurso público autonómico, que reparte las plazas nuevas que permite la planificación y se convoca cada muchos años. La segunda, la habitual, es comprar una farmacia en funcionamiento a un precio que no depende de la obra ni del equipamiento sino de lo que factura: entre 0,8 y 1,5 veces la facturación anual. Sobre la media del sector eso deja operaciones alrededor del millón de euros, financiadas al 70-90 % a doce o quince años. Lo que se compra a cambio es una posición muy protegida: una zona asignada por la administración, una demanda que envejece a favor y un cliente que paga todos los meses. Y ahí está la trampa fina de este modelo, la que no se ve en el escaparate. El margen de la parte financiada está tasado en el 27,9 % del precio sin impuestos, y encima se aplica una escala progresiva de deducciones que hemos calculado en unos 2.650 € mensuales para una farmacia media. Al negocio le fijan el precio de compra, el precio de venta y el descuento, y solo le dejan libre la parafarmacia, que ya pesa casi el 30 % de la facturación y es donde de verdad se compite. Sumado a que la caja depende del calendario de pagos de una comunidad autónoma, el resultado es un negocio muy estable y muy poco elástico: difícil de arruinar, difícil de disparar y lento de amortizar.
