Un centro psicopedagógico no vive de las notas, vive del diagnóstico. La demanda la certifica el propio sistema educativo, que en el curso 2023-2024 identificó a 1.131.816 alumnos con necesidad específica de apoyo, el 14 % del total y un 17 % más que el año anterior. De ahí sale el cliente que entra en octubre y sigue en junio, semana tras semana, y esa recurrencia hace el trabajo que en otros modelos hace la publicidad. El censo acompaña: dos cierres en 208 centros y una valoración media de 4,84 sobre 5.247 reseñas. El problema no está en la demanda, está en el calendario y en el teléfono. La caja son diez mensualidades y los gastos doce, así que el curso entero se juega en tres semanas de septiembre. Y lo que hunde la reputación no es la terapia: el 56 % de las quejas habla de citas, esperas y llamadas sin devolver, frente al 7 % de los elogios. La segunda es el precio, el 31 % de las negativas y el 1 % de las positivas, con una de cada cinco quejas mezclando precio y pruebas, que es donde está el ticket alto. Queda la frontera legal, que aquí no es papeleo. Evaluar el aprendizaje es educativo; diagnosticar y tratar es sanitario, y eso exige profesional titulado y centro inscrito. Con el equipo bien montado la cuenta cuadra en dos años y el negocio aguanta; con el equipo mal montado, el problema deja de ser el margen.
