Este negocio tiene dos mitades que parecen la misma y la ley separa con una línea muy concreta: el cable que va a la central. Una alarma que avisa al móvil del dueño, una cámara que graba en local, una persiana que baja sola o una casa programada por bus KNX las instala una empresa habilitada en baja tensión. En cuanto la alarma avisa a una central receptora, solo puede instalarla una empresa de seguridad privada inscrita, con objeto social exclusivo, garantía, seguro e ingeniero técnico. Existe un régimen reducido para autónomos que solo instalan y mantienen, así que la barrera no es imposible, pero obliga a una sociedad aparte. Y saltársela cuesta desde 30.001 €. La segunda lectura es de dinero. La cuota media de una alarma conectada sale a 41,44 € al mes, y ese es el negocio de verdad del sector: cobrar cada mes durante años. Los cinco primeros operadores reúnen el 58 % del mercado. El independiente no compite ahí; compite en la instalación y el mantenimiento, en la domótica, en la seguridad sin central y en el cliente que no quiere cuota. Con cuatro proyectos de gama media al mes y un ayudante, la cuenta deja unos 4.000 €. Quien lo monte debería mirarlo como lo que es: un oficio técnico de proyectos, rentable y sin local, que tiene que salir a buscar cada cliente, porque la cuota se la queda otro.
