El fraude masivo del Kit Digital llega al Supremo
El 1 de junio de 2026 la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo trasladó de Málaga a Las Palmas la investigación de un fraude en el programa de digitalización de pymes que arrancó con la denuncia de un fisioterapeuta cuya firma digital se usó sin su consentimiento. Miles de autónomos podrían figurar como beneficiarios de una ayuda que nunca solicitaron, con agentes digitalizadores y representantes voluntarios actuando de acuerdo. El Tribunal de Cuentas ya había avisado en febrero de 2026 de que solo se había ejecutado el 25 % de los 3.067 millones del programa. Para quien monte la consultora, es la desconfianza que se encuentra en la primera llamada.
Merca2, sobre el auto del Tribunal Supremo
