El fútbol es el deporte con más licencias federadas de España, casi un tercio de los 4,4 millones que recoge la estadística oficial, y aun así el complejo privado de fútbol 7 es un negocio difícil de sostener. El motivo no es la demanda: es la estructura de costes. Dos campos se presupuestan entre 250.000 y 600.000 €, con una obra de nueve a doce meses, y luego se factura vendiendo horas en las pocas franjas en las que la gente juega. Con la instalación llena en esas franjas salen unas 180 horas al mes a unos 70 €, y de ahí hay que descontar terreno, personal, luz y una partida que casi nadie aparta: el próximo césped. Las licitaciones públicas de 2026 la sitúan entre 94.730 y 117.386 € por campo, casi lo que cuesta construirlo entero según los presupuestos de referencia del sector, y toca cada siete a diez años. Quien no la provisiona vive ocho años convencido de que gana el doble. El segundo condicionante es contra quién se compite: la misma hora que aquí se cobra a 70 € la cobra un ayuntamiento a 34,42 €, y a 5,40 € si el equipo es federado. Por eso el campo de fútbol 7 aparece casi siempre como instalación municipal, levantada por quien no necesita recuperar la obra. La vía privada con más sentido no suele ser construir, sino operar lo que ya está construido.
