Esta ficha se publica sin nota a propósito, y el motivo es en sí mismo la información más útil que podemos dar sobre el modelo. Cuando fuimos a medirlo nos encontramos con que la sala de estudio privada no existe como categoría propia en España: al buscarla en el mapa aparecen coworkings, que son ocho de los veinte primeros resultados, y bibliotecas universitarias. No hay una muestra de operadores que censar ni datos de ocupación, y los dos únicos privados con tarifa pública que hemos verificado son los dos extremos: una sala de 86 puestos en Zaragoza a 25 € al mes, que puede cobrar eso porque la subvenciona la academia que la usa de gancho, y un coworking de Madrid que vende el acceso 24/7 por 195 €. Entre medias, nada: cualquier nota que pusiéramos sería inventada. Lo que sí hemos podido comprobar es contra quién competiría quien lo montase, y son dos rivales incómodos. El primero es el ayuntamiento: hay consistorios que abren salas de estudio de veinticuatro horas gratuitas, con casi cien plazas e inversiones públicas de cientos de miles de euros. El segundo es el coworking, que por 150 a 400 euros al mes (220-350 en Madrid) vende el mismo puesto con wifi, café y sala de reuniones incluidos. Entre un servicio público gratuito y un producto privado más completo, el hueco para una sala de estudio pelada de pago es estrecho, y se estrecha más si se recuerda quién es el cliente: opositores y estudiantes, gente muy motivada pero casi siempre sin ingresos. Nuestra lectura, con la información disponible, es que el modelo puede tener sentido en una ciudad concreta con universidad, muchos opositores y sin sala municipal, y como reconversión de un local que ya se tiene. Como negocio para montar desde cero y desde fuera, hoy no hay datos que lo sostengan. En cuanto aparezcan operadores identificables y precios publicados, se recalcula y se le pone nota como al resto.