El desguace es un negocio fuertemente regulado y, a la vez, con la demanda garantizada por ley. La ley obliga a que todo vehículo al final de su vida útil pase por un centro autorizado, y solo ese centro puede emitir el certificado de destrucción y tramitar la baja definitiva en el Registro de Vehículos. En 2025 se trataron 671.675 vehículos en España; repartidos entre los 594 centros de la red concertada salen unos 1.130 por instalación al año. Esa cifra, poco discutible, es el marco del negocio. El problema es que los coches que entran y el dinero que se gana no son la misma cosa. El precio de la chatarra lo marca la bolsa de metales y, según el propio sector, da lo justo para cubrir los cerca de 320 € que cuesta descontaminar y gestionar los residuos de cada vehículo. El beneficio está en las piezas, y de las 500.000 a 600.000 bajas anuales apenas 60.000 tienen menos de quince años, que es donde está el recambio que mejor se paga. Uno de cada diez. A eso se suma que el margen se ha estrechado: la pieza usada, que llegó a costar el 20 % de la nueva, ronda hoy la mitad porque los fabricantes de recambio reaccionaron. La voz del cliente confirma dónde se juega el negocio. Sobre 76.185 reseñas de 316 centros, la nota media es 4,27 y lo que más se elogia es el trato. Pero la primera queja no es esa: el 40 % de las reseñas negativas hablan de la pieza que no estaba en el almacén, no era la correcta o nunca llegó. El trato encabeza los elogios y aun así no encabeza las quejas, y eso tiene una lectura muy práctica: aquí no se vende un servicio, se vende una referencia concreta que tiene que existir, encajar y llegar. Por eso ocho de cada diez centros censados ya tienen web, frente a la mitad de los talleres mecánicos. El desguace de hoy es una operación logística y de comercio electrónico con una campa detrás. Quien se plantee montarlo debe contar con lo que cuesta entrar, que es lo que de verdad frena este modelo: autorización ambiental autonómica, parcela de 2.000 m² con solera impermeabilizada, zona cubierta de descontaminación y una inversión que arranca en 250.000 €, para un retorno que se mide en años, no en meses. Y con un aviso que da el propio sector: hay instalaciones autorizadas de sobra, así que el vehículo que entra hay que ir a buscarlo.
