La peritación judicial es de los pocos negocios del catálogo donde el capital que hace falta es, literalmente, lo que uno ya sabe. Se monta con el equipo y el software de la propia especialidad, un seguro y poco más, y se recupera en tres meses. Pero conviene entender de qué se vive, porque hay dos negocios dentro del mismo rótulo. Uno es el informe de parte, encargado por un abogado o por una aseguradora, que se mueve entre 250 y 1.200 € y supera los 2.000 € en las materias más técnicas. El otro es la designación por turno, que llega a través de las listas que los colegios remiten cada año a los juzgados y que se mueve en 150-350 €, con el cobro atado a la provisión de fondos y al reparto de costas. El turno sirve para empezar y para que a uno lo conozcan; sostener un gabinete solo con él es una receta de problemas de caja. La segunda cosa que se subestima es que el trabajo no acaba con el informe: queda la ratificación en sala, una jornada bloqueada para defender por escrito lo que uno firmó, y quien no la presupuesta acaba trabajando por la mitad de lo que creía. En lo demás, este modelo tiene un rasgo que lo distingue del resto de despachos técnicos: es el que más rastro reciente deja, con el 40 % de sus reseñas del último año, y también el único de la tanda con quejas suficientes para leerlas. Y dicen algo útil: el 22 % son por honorarios. El cliente llega en mitad de un conflicto, pagando por algo que nunca quiso necesitar. El presupuesto cerrado y por escrito no es aquí una buena práctica: es la diferencia entre cobrar y discutir.
