Esta ficha es el mejor ejemplo del catálogo de lo que pasa cuando un servicio obligatorio por ley se convierte en un producto de precio. Todo lo que suele costar en un negocio aquí es fácil: la herramienta oficial de cálculo es gratuita, no hace falta local, la inversión no llega a 6.000 € y el trabajo lo garantiza la norma, porque nadie puede vender ni alquilar sin certificado y el documento caduca cada diez años. El problema es lo que se cobra por él. Salimos a medir el precio en las webs de los propios operadores, que es el único vertical donde se publica, y la mediana son 75 € por vivienda, con gente certificando desde 59 €. Con ese ticket y con la visita al inmueble que exige el Real Decreto, el techo de una persona son dos o tres certificados al día, y eso convierte el modelo en un autoempleo ajustado más que en un negocio. De ahí sale la parte incómoda, y es la que más peso ha tenido en la nota: para sostener precios tan bajos hay quien deja de visitar los inmuebles y los certifica por videollamada o con fotos, algo que los clientes están denunciando en las reseñas y que la norma no permite. Quien monte esto cumpliendo va a competir contra quien no cumple. La lectura honesta es que este modelo funciona como puerta de entrada barata al ejercicio técnico por libre, o como una pata más de un despacho que también hace cédulas, inspecciones y peritaciones, pero difícilmente como negocio único. La demanda está garantizada; el precio, no.
