Esta es la única ficha del vertical que suspende, y no por falta de datos sino justo por lo contrario: el regulador publica cada año una radiografía del sector y esa radiografía dice, con números, que el modelo del auditor que trabaja solo se está apagando. El conjunto factura 1.053 millones de euros, un 27,5 % más que en 2022, y los informes emitidos crecen. Pero de ese dinero, el 97,5 % se lo llevan las sociedades y el 2,5 % las personas físicas; y en 2025, el año en que las sociedades crecieron un 7,8 %, los auditores individuales facturaron un 3,7 % menos. La concentración explica el resto: ciento veintiuna sociedades acaparan el 83,2 % de lo que facturan las sociedades, y en las entidades de interés público las cuatro grandes firmas se quedan con el 94,3 %. A eso se suma un dato demográfico que conviene mirar dos veces: casi siete de cada diez auditores ejercientes pasan de los 50 años y apenas uno de cada dieciséis baja de 40, con los ejercientes a título individual cayendo un 12,6 % en tres años. Se puede leer como una oportunidad, porque queda hueco, o como una advertencia, porque nadie entra. Nosotros lo leemos como lo segundo mientras la facturación individual siga bajando. Y hay una barrera previa que ordena todo lo demás: para ejercer hace falta estar en el registro oficial, y eso son tres años de práctica acreditada y un examen en dos fases. No es un modelo al que se llegue por decisión de un mes. Para quien ya tiene el registro y una cartera, un despacho propio en ciudad media sigue teniendo sentido; para quien está empezando de cero, los datos no acompañan.
